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La Inteligencia Artificial (IA) está teniendo un impacto significativo en los últimos años gracias a la mejora en la capacidad de análisis y toma de decisiones d ellos sistemas informáticos, lo que ha puesto de manifiesto el gran potencial estratégico de la IA en todos los aspectos, incluyendo las implicaciones en las relaciones humanas con las máquinas y en la creación de nuevos puestos de trabajo empleos. En este contexto, si lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ser más eficientes y ahorrar tiempo y costes, resulta esencial que la IA ocupe un lugar destacado en las organizaciones, públicas y privadas.
Las aplicaciones de la IA en la Administración, y en especial por parte de los Ayuntamientos, son cada vez mayores; cada día se aportan nuevos usos de la IA usos que mejoran los servicios públicos, con un impacto mucho más directo y perceptible en los ciudadanos. Así, las oportunidades que ofrece la IA en las Administraciones Públicas son casi infinitas, tantas como ámbitos en los que actúa y ciudadanos a quienes sirve[1]; sin embargo, en España, la Administración aun experimente un retraso significativo en la modernización y transformación tecnológicas, de modo que resulta clave considerar la implementación de la IA en la Administración Pública sin que ello provoque una mayor brecha con la sociedad.
Es fundamental adoptar los algoritmos de la IA en los procesos administrativos para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia; la IA puede ser útil en tareas repetitivas, como, por ejemplo, la transcripción de audios, o el reparto de asuntos entre los departamentos, la asignación de citas, registro de datos, control de accesos, etc.; pero también en tareas más creativas o que generan la toma de decisiones.
En definitiva, el uso de la IA ha supuesto una revolución en el aprovechamiento de los datos que generan las organizaciones diariamente, a través de lo que se conoce como Big Data, así como en otras facetas (visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, etc.) ya que la Administración tiene la gran ventaja de disponer de miles de datos históricos y de generar una ingente cantidad de datos diarios en casi todos los ámbitos, los cuales son imposibles de gestionar por los humanos fuera de los términos que proporcionan los recursos tecnológicos.
En pleno auge del uso de la IA, en este mes de marzo de 2024 el Pleno del Parlamento Europeo ha ratificado la primera ley de Inteligencia Artificial del mundo, que debe entrar en entrar en vigor en el año 2026 y para ese momento, toda la estructura pública (y también los operadores privados europeos) han de adaptar sus servicios a esta normativa que permite o prohíbe el uso de esta tecnología en función del riesgo que suponga para los ciudadanos y, con ella, la UE pretende dar ejemplo al resto del mundo e impulsar a la industria europea frente a Estados Unidos y China.
En líneas generales, la ley de IA establece una serie de obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial generativa; se prohíbe el uso de la vigilancia masiva; se identifican toda una serie de sistemas de IA de alto riesgo que solo se podrán comercializar si sus desarrolladores garantizan que respetan los derechos fundamentales[2]; también prevé la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que coordinará el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales y que estará asesorada por un panel de científicos y de organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, siendo la primera regulación de IA del mundo, aspira a convertirse en referente internacional y la adaptación del funcionamiento de la Administración a su regulación se vuelve una necesidad inmediata.
El objetivo general del presente proyecto es impulsar desde el área de Derecho internacional privado el proceso de generación y transferencia de conocimiento y en el ámbito de la regulación de la IA-
El objetivo específico es la creación de un Protocolo para implantar la Inteligencia Artificial en todos los servicios municipales de la provincia, adaptado al Reglamento de Inteligencia Artificial.
El desarrollo de las acciones concretas tiene la finalidad de obtener una mejor y más eficiente gestión de los recursos de las entidades locales y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia a través de la transformación digital del desarrollo económico y social, adaptando sus actuaciones a la nueva normativa europea de obligatorio cumplimiento.
Entre las actividades a desarrollar se proponen las siguientes:
[1] Tecnologías como machine learning, big data o incluso deep learning son herramientas gratuitas muy potentes que ya son usadas para la organización del trabajo y la toma de decisiones.
[2] Como por ejemplo, los que puedan influir en el resultado de unas elecciones o los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y la calificación crediticia de los clientes.
